El anuncio del cierre de la playa Agua Dulce encendió la polémica en plena temporada de verano. La Municipalidad de Chorrillos dispuso restringir su uso para el domingo 15 de febrero de 2026, pero la decisión encontró una respuesta inmediata: la Defensoría del Pueblo expresó su rechazo y pidió dejar sin efecto la medida.
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“En ese contexto, la Defensoría del Pueblo considera que el cierre de la playa Agua Dulce vulnera el derecho constitucional al uso y disfrute de espacios públicos, así como el principio de autoridad y responsabilidad que corresponde a la administración municipal en materia de salubridad y gestión ambiental“, precisa la información.
A través de un comunicado, la institución recordó que las playas del litoral peruano son bienes de dominio público y de uso irrestricto para la población. Por tanto, su acceso debe ser libre y gratuito, sin restricciones generales recordando que “las playas son bienes de dominio público”.
La comuna justificó el cierre argumentando la constante acumulación de basura y la falta de civismo de los veraneantes. Según su pronunciamiento, pese a las campañas de concientización, no se habría logrado un cambio de conducta entre los visitantes.
Sin embargo, para la Defensoría, trasladar la responsabilidad exclusivamente a la ciudadanía no resulta válido. La obligación de garantizar la salubridad, el libre tránsito y la adecuada gestión ambiental recae directamente en la administración municipal.
BIEN PÚBLICO Y DERECHO CONSTITUCIONAL
La Defensoría recordó que, conforme al artículo 194 de la Constitución Política del Perú y la Ley N.° 26856, las playas son bienes de dominio y uso público, inalienables e imprescriptibles.
Además, citó un pronunciamiento del Tribunal Constitucional (Expediente N.° 03640-2021-PHC/TC), que establece que no pueden imponerse restricciones arbitrarias o desproporcionadas a estos espacios.
Si bien reconoció que la protección ambiental y la adecuada gestión de residuos son fines legítimos de interés público, advirtió que el cierre total de un espacio público constituye una medida desproporcionada si antes no se han evaluado alternativas menos restrictivas.
Para la institución, presentar la medida como “pedagógica” o sancionadora implica eludir la responsabilidad municipal en materia de limpieza pública y fiscalización ambiental.
Agua Dulce cerrará este domingo 15 por contaminación. Foto: Andina
RESPONSABILIDAD MUNICIPAL Y POSIBLES ACCIONES
La Defensoría recordó que el artículo 80 de la Ley Orgánica de Municipalidades (Ley N.° 27972) establece que los gobiernos locales deben regular y controlar el aseo, la higiene y la salubridad en las playas, además de fiscalizar los elementos contaminantes.
En ese contexto, exhortó a la Municipalidad de Chorrillos a dejar sin efecto la Resolución de Alcaldía N.° 001-2026-MDCH/ALC y a implementar un plan integral de gestión de residuos sólidos en el litoral del distrito.
Entre las medidas sugeridas figuran el incremento de la frecuencia de recojo de basura, la instalación de contenedores suficientes y una fiscalización efectiva de conductas infractoras.
Agua Dulce cerrará este domingo 15 por contaminación. Foto: Andina
La institución también señaló que la acumulación de residuos —denunciada por vecinos de sectores como Vista Alegre de Villa— respondería a deficiencias estructurales en el servicio de limpieza pública, como la reducida flota de camiones recolectores.
Respecto al anuncio de contar con apoyo de la Policía Nacional para ejecutar el cierre, la Defensoría recordó que la fuerza pública debe emplearse para garantizar la seguridad y el libre tránsito, no para restringir el acceso a un bien de uso público por causas atribuibles a la gestión municipal.
Advirtió además que, al tratarse de un domingo de alta concurrencia en verano, deben adoptarse medidas que eviten posibles situaciones de confrontación.
Finalmente, la Defensoría informó que, de no acogerse sus recomendaciones, evaluará la adopción de acciones legales frente a eventuales infracciones a la normativa vigente, aunque reiteró su disposición para colaborar en la búsqueda de soluciones que permitan garantizar un ambiente saludable sin vulnerar el derecho ciudadano al uso de las playas.
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