¿HABRÁN MOVIMIENTOS SOSPECHOSOS DE DINERO? El Juzgado de Investigación Preparatoria Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima ordenó levantar el secreto bancario y la reserva tributaria del conductor de televisión Andrés Hurtado, así como también de la exsuperintendente nacional de Migraciones Roxana del Águila, en el marco de la investigación preliminar que afrontan en el Ministerio Público por el presunto delito de tráfico de influencias.
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Como se sabe, el Ministerio Púbico investiga la posible participación de ‘Chibolín’ y la exfuncionaria en el trámite que realizó el futbolista Roberto Siucho Neira en el año 2019 para renunciar a su nacionalidad peruana, con el objetivo de poder jugar en China.
El levantamiento del secreto bancario permitirá conocer posibles transacciones bancarias en las cuentas de los investigados durante o después del trámite de renuncia de la nacionalidad peruana del futbolista.
Por ello se dispuso que la Superintendencia Nacional de Banca, Seguros y AFP requiera a las entidades bancarias informen sobre los movimientos financieras realizados por los investigados (depósitos, retiros, transferencias, etc.) del 1 de diciembre del 2019 hasta el 31 de agosto del 2020.
El juzgado también recalcó que el presente mandato debe ser ejecutado en un plazo de cinco días hábiles de recibida la presente resolución.
Andrés Hurtado se encuentra detenido desde el 19 de setiembre.
SE DEFINE SU FUTURO
Cabe mencionar que Hurtado se encuentra detenido desde el último 22 de setiembre en la sede de la Prefectura de Lima, a la espera de la decisión del juez supremo Juan Carlos Checkley respecto al pedido de 18 meses de prisión preventiva de la Fiscalía.
Dicha medida buscar asegurar la presencia de ‘Chibolín’ durante el desarrollo del proceso judicial y evitar una posible fuga o interferencia en las investigaciones, pues las autoridades consideran que existen indicios de que el acusado podría haber estado involucrado en actos de corrupción.
El Ministerio Público investiga si Hurtado, a través de su relación con funcionarios de alto rango, pudo haber influido de manera indebida en el proceso de renuncia de Siucho, usando su posición para favorecer el trámite y recibir beneficios económicos o favores a cambio.
La investigación se ha extendido también a otros presuntos involucrados, como la suspendida fiscal superior Elizabeth Peralta y el empresario Javier Miu Lei, quienes habrían negociado la devolución de un cargamento de oro incautado a través de Andrés Hurtado.
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