Un nuevo cuestionamiento sacude la gestión del gobernador regional del Callao, Ciro Castillo Rojo, luego de que se revelara que la familia de un aportante a la campaña política de su hijo, Antonio Castillo Rojo, recibió órdenes de servicio por más de 734 mil soles del Gobierno Regional del Callao (Gore Callao). Según una investigación de Cuarto Poder, otras personas que financiaron candidaturas vinculadas al entorno de la autoridad también consiguieron contratos y puestos de trabajo en la institución.
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El dominical de América Televisión puso al descubierto una serie de coincidencias entre los registros de aportantes electorales y las contrataciones efectuadas por la administración regional. Los beneficiarios identificados aparecen vinculados a las campañas de Antonio Castillo, quien postuló a la Cámara de Diputados por Alianza para el Progreso (APP), y de Elvira Madalengoitia, exasistente del gobernador.
Revelan que aportantes de campañas del entorno de Ciro Castillo obtuvieron contratos. Foto: Cuarto Poder
Uno de los casos más llamativos es el de Armando Rondinel Silva, quien participó en actividades proselitistas del hijo de la autoridad chalaca y figura como financista de su candidatura durante febrero de 2026.
De acuerdo con los registros presentados por el programa, el joven realizó dos contribuciones en especies, el 7 y el 14 de febrero, por 1240 soles cada una. Es decir, entregó un total de 2480 soles para apoyar la campaña electoral.
Sin embargo, su nombre también aparece entre los proveedores del Gobierno Regional del Callao. Rondinel Silva recibió 14 órdenes de servicio por un monto acumulado de 85 mil 800 soles, según la documentación revisada por el espacio periodístico.
Cuando los reporteros lo buscaron para preguntarle cómo había conseguido los contratos y qué relación existía entre sus aportes políticos y su trabajo para la entidad, el joven evitó responder.
Pero las contrataciones no se limitaron a este financista. Las indagaciones periodísticas revelaron que sus padres y hermanas también obtuvieron órdenes de servicio por importantes sumas de dinero durante la gestión regional.
Familia de aportante recibió contratos por más de S/734 mil
La madre del aportante, Juana Rosa Silva Gamboa, aparece como beneficiaria de 17 órdenes de servicio que suman 274 mil soles. Su padre, Armando Jorge Rondinel Guillerhua, obtuvo 18 contratos por un total de 162 mil 258 soles.
A ellos se agregan sus dos hijas. Yessenia Rondinel Silva consiguió contrataciones por 169 mil 500 soles, mientras que Rosa María Rondinel Silva recibió 43 mil soles de la misma institución.
En conjunto, los cinco integrantes de esta familia acumularon 734 mil 558 soles en contrataciones con el Gobierno Regional del Callao, de acuerdo con las cifras expuestas por el dominical.
El reportaje también cuestionó que los familiares del aportante habrían conseguido contratos sucesivos pese a no registrar experiencia previa trabajando para el Estado.
Consultada sobre las contrataciones, la madre del financista evitó ofrecer explicaciones sobre los procedimientos que permitieron acceder a las órdenes de servicio.
“No soy abogada”, respondió ante las preguntas del equipo periodístico.
Para José Trelles, especialista en contrataciones públicas, la existencia de vínculos entre quienes respaldan económicamente una candidatura y quienes posteriormente reciben contratos estatales merece una evaluación cuidadosa.
“La consecuente relación que podría ocurrir entre un servidor o funcionario y quien lo apoyó para llegar a ese cargo. Ahí ya encontramos una complejidad mayor no solamente por una potencial vulneración ética a la función pública, sino también la posibilidad de un delito en la medida que haya un favorecimiento o redireccionamiento”, explicó.
El especialista advirtió que el problema surge cuando una contratación deja de responder a criterios técnicos y se convierte en una eventual forma de favorecer a personas relacionadas con funcionarios o autoridades.
La investigación también encontró situaciones similares alrededor de Elvira Madalengoitia, quien fue asistente de Ciro Castillo Rojo y posteriormente postuló al Gobierno Regional del Callao por Avanza País.
Según Cuarto Poder, más del 70 % de los aportantes a su campaña mantenían vínculos laborales con la administración regional, una coincidencia que despertó nuevos cuestionamientos sobre las contrataciones.
Entre los casos mencionados figura Aniee Anggela Espezúa Paredes, quien realizó dos contribuciones en especies por 600 y 750 soles, respectivamente. La mujer obtuvo inicialmente órdenes de servicio y actualmente ocupa una plaza bajo el régimen de Contratación Administrativa de Servicios (CAS).
Otro de los aportantes identificados es Carlos Alberto Triveño Lazarte, quien contribuyó con 2000 soles y consiguió cinco órdenes de servicio por 44 mil 300 soles.
También aparece Mariela Carrillo Mendoza, quien destinó 1200 soles a la campaña de la exasistente del gobernador y recibió ocho contrataciones por un monto acumulado de 53 mil 800 soles.
Cuarto Poder consultó al gobernador Ciro Castillo sobre los presuntos vínculos entre aportantes y trabajadores, donde indicó desconocer estos casos. Foto: Cuarto Poder
Ciro Castillo niega favorecimientos y cuestionan concurso de 87 plazas CAS
Ante las revelaciones, el gobernador regional del Callao rechazó que su administración haya utilizado las contrataciones públicas para recompensar a personas que respaldaron económicamente las campañas de su entorno político.
“Nunca he visto eso. Yo no sé, no conozco, desconozco y en primer lugar niego enfáticamente que haya habido ese tipo de tramoya. La niego contundentemente”, declaró Ciro Castillo Rojo a Cuarto Poder.
La autoridad aseguró desconocer los casos expuestos y negó que existiera una maniobra destinada a beneficiar a los aportantes electorales.
Sin embargo, las contrataciones no fueron el único asunto abordado por el dominical. Otro cuestionamiento se concentra en un concurso público convocado por la Dirección Regional de Salud del Callao (Diresa) cuando se aproxima el final de la actual administración.
El proceso contempla la contratación de 87 trabajadores bajo el régimen CAS, regulado por el Decreto Legislativo 1057, con vínculos laborales a plazo indeterminado.
Las plazas están destinadas a profesionales de la salud, médicos, enfermeros, abogados y personal administrativo, entre otros perfiles. Los sueldos ofrecidos oscilan entre los 2000 y casi 10 mil soles mensuales.
La preocupación radica en que las personas seleccionadas podrían continuar trabajando en la institución después de que concluya el mandato de Castillo Rojo, previsto para diciembre de este año, según las condiciones correspondientes a cada puesto.
“El cuestionamiento también parte no solo por el procedimiento y evaluación, sino también por la temporalidad. Es decir, la oportunidad que se está teniendo para seleccionar a personas que no van a formar parte de esta gestión, sino de las siguientes”, sostuvo José Trelles.
El especialista también advirtió sobre la posibilidad de que determinadas exigencias establecidas en las bases de un concurso terminen restringiendo la participación de otros postulantes.
“Nos lleva a presumir que, en realidad, se está direccionando la contratación; es decir, se está haciendo el traje a medida de quien queremos que sea contratado, lo que en contratación pública se llama candado”, manifestó.
Trelles explicó que esta modalidad puede presentarse cuando se incorporan requisitos que limitan la competencia y permiten que únicamente determinados candidatos cumplan con las condiciones exigidas.
A estos cuestionamientos se suma otra investigación que afronta el gobernador regional. El Ministerio Público le atribuye presuntos delitos de organización criminal y colusión por su supuesta participación como líder de una red denominada ‘Los Socios del Callao’.
Según la hipótesis fiscal, esta presunta organización habría direccionado 63 contratos del Gobierno Regional y del Comité de Administración del Fondo Educativo del Callao (Cafed), por más de 1,4 millones de soles, en beneficio de dos proveedores.
Por ahora, las coincidencias entre aportes electorales, órdenes de servicio y contrataciones laborales expuestas por Cuarto Poder plantean interrogantes sobre el manejo de los recursos públicos en la administración chalaca. No obstante, la existencia de contribuciones políticas y contratos con el Estado no acredita por sí sola un delito, por lo que cualquier responsabilidad deberá establecerse mediante las investigaciones correspondientes.
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