El último fin de semana, una adolescente que acudió con sus padres al tradicional Puente de los Suspiros, en Barranco, para retratarse por sus quince años jamás imaginó que su sesión fotográfica terminaría en un incidente viral. Personal de Fiscalización de la municipalidad la interrumpió y le advirtió que estaba prohibido tomarse fotos en el lugar.
El hecho, registrado en un video difundido en redes sociales, generó indignación inmediata. Vecinos, visitantes y usuarios criticaron duramente a la comuna barranquina, acusándola de querer cobrar por el uso del espacio público.
En medio de la polémica, la gerenta de Economía de la municipalidad, Ivonne Ravelo, salió a aclarar que “en Barranco no se cobra por tomarse fotos” y que tampoco se requiere permiso para turistas, estudiantes, novias o quinceañeras.
“Lo único que se regula es la actividad comercial formal, como productoras o filmaciones con gran despliegue técnico”, explicó la funcionaria. Según dijo, se trató de una “mala orientación” del fiscalizador que intervino a la familia.
La aclaración, sin embargo, no apaciguó las críticas. Horas después, la gerenta de Desarrollo Económico, Yvonne Roballo, reiteró a otro medio que no existen cobros para ciudadanos ni turistas y que el incidente fue producto de una equivocación.
De acuerdo con la funcionaria, el Puente de los Suspiros soporta un aforo máximo de veinte personas, razón por la cual el municipio regula sesiones masivas como las de promociones escolares o producciones comerciales. “Vienen promociones sin autorización, se colapsa el espacio y hasta dejan deterioradas las áreas verdes”, sostuvo.
Pese a ello, documentos oficiales como la Resolución de Alcaldía N° 0125-2023-MDB-ALC sí contemplan tarifas para el “derecho de uso del espacio”, que van desde 300 soles para personas naturales hasta 800 soles para personas jurídicas. Estudiantes no pagan.
Lo que no se precisa es qué tipo de cámara puede considerarse “profesional” ni cómo diferenciar entre fotógrafo independiente y productora. Esa falta de claridad alimentó la controversia.
Juristas también encendieron la alarma. El abogado César Valverde advirtió que cobrar por usar el puente podría vulnerar la Ley 31199, que garantiza la accesibilidad a los espacios públicos sin discriminación.
Desde la Defensoría del Pueblo informaron que ya existe un expediente abierto por este caso y que se evalúa si la medida municipal cuenta con sustento legal.
Mientras tanto, la municipalidad anunció que reforzará la capacitación de sus fiscalizadores para evitar nuevos episodios como el ocurrido con la quinceañera y su familia.
Lo cierto es que, aunque el municipio asegura que no cobra a ciudadanos comunes, el debate sobre los límites del uso del patrimonio cultural de Barranco continúa abierto.
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