El 5 de abril de 1992, el entonces presidente peruano Alberto Fujimori inmortalizó una palabra -repitiéndola dos veces- que resumiría una de las épocas más nefastas de nuestra historia política: “disolver, disolver”.
El golpe de Estado que pasaría a la posteridad como “el autogolpe”, había sido maquinado algunos meses antes. El mensaje presidencial fue corregido esa misma mañana y por la tarde se grabó. A las 10:30 om fue emitido a nivel nacional.
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Acompañado del mapa y la bandera del Perú, Alberto Fujimori -vestido con un terno oscuro y el cabello peinado de izquierda a derecha- anunció:
“Primero: Disolver, disolver temporalmente el Congreso de la República hasta la aprobación de una nueva estructura orgánica del Poder Legislativo, la que se aprobará mediante un plebiscito nacional. Segundo: Reorganizar totalmente el Poder Judicial, el Consejo Nacional de la Magistratura, el Tribunal de Garantías Constitucionales, y el Ministerio Público para una honesta y eficiente administración de justicia”.
Mientras leía su discurso, las tanquetas del ejercito salían a las calles y las tropas se desplegaban. Se perseguía a los políticos opositores al régimen, se allanaban redacciones e imprentas de los principales medios de comunicación. El país entró en conmoción.
Sobre este episodio, el académico e investigador José Alejandro Godoy tiene un capítulo especial en su libro ‘El último dictador: Vida y gobierno de Alberto Fujimori’. Allí recoge testimonios y desempolva valiosos archivos. Aquí te mostramos un adelanto:
Hasta las 8.00 p. m. del domingo 5 de abril, no había noticia de interés alguna. El torneo peruano de fútbol, cuyas incidencias eran las que ocupaban a las redacciones de la prensa los domingos, se iniciaría recién en la siguiente semana. Ese día de 1992 transcurría sin ninguna novedad.
La única entrevista de fondo en los programas dominicales fue concedida por Alfonso de los Heros, quien manifestó que el martes 7 de abril se presentaría los resultados de un diálogo nacional, que buscaba cerrar los conflictos con el Congreso de la República.
Abruptamente, cuando miles de peruanos estaban ya por apagar sus televisores, hacia las 10.30 p. m. apareció un cintillo: «Mensaje a la Nación del Presidente Constitucional de la República Ing. Alberto Fujimori Fujimori».
Vestido con terno oscuro y corbata negra, acompañado de una pequeña bandera nacional y un fondo del mapa del Perú, el ingeniero comenzaría la alocución que cambiaría la política del país.
La posibilidad de un golpe de Estado en el Perú se había conversado desde 1987 en estamentos militares. Personal en actividad y altos oficiales en retiro evaluaron el escenario y arribaron a dos conclusiones claras: Alan García está haciendo un mal gobierno y se requiere enfrentar tanto a la crisis económica como al terrorismo. Para esta última misión, era necesario instalar un gobierno castrense de largo aliento.
A partir de 1988, un sector de militares preparó un Plan Verde, que sería ajustado durante los dos años siguientes. Sus líneas matrices eran bastante nítidas. En lo económico, se tendría un plan destinado a la atracción de la inversión privada y el capital extranjero, la creación de un sistema privado de pensiones similar al instaurado en Chile durante la dictadura de Pinochet y, sobre todo, se buscaría la reducción de la inflación para legitimar al gobierno.
El diagnóstico poblacional era sumamente racista: era necesario detener el crecimiento demográfico en el país, sobre todo, «de los grupos culturalmente atrasados y económicamente pauperizados». El remedio propuesto eran programas de esterilización masiva. A la par, se hablaba abiertamente de la eliminación física de terroristas y narcotraficantes.
Políticamente, el plan planteaba un gobierno de facto, con el control delos medios de comunicación, a través de campañas psicológicas, censura e invitación a la autocensura a los empresarios. A diferencia de lo ocurrido con Velasco Alvarado y Morales Bermúdez, no se planteaba la expropiación como salida.
Montesinos conocía a varios de los autores del plan. Lo que hizo fue adaptarlo a la nueva situación, de modo que su Servicio de Inteligencia Nacional cobraría mayor importancia.
Con voz cadenciosa y semblante serio, Fujimori señalaba que su gobierno era «la última oportunidad» que tenía el Perú para encontrarse con su destino. Aseguraba que ya había obtenido algunos logros como la reinserción en el sistema financiero internacional y el control de la inflación. Pero existía un gran obstáculo:
—A la inoperancia del Parlamento y la corrupción del Poder Judicial se suman la evidente actitud obstruccionista y conjura encubierta contra los esfuerzos del pueblo y del gobierno por parte de las cúpulas partidarias. Estas cúpulas, expresión de la politiquería tradicional, actúan con el único interés de bloquear las medidas económicas que conduzcan el saneamiento de la situación de bancarrota que, precisamente, ellas dejaron.
El mensaje continuaba con su mensaje antipartido que lo había caracterizado durante los veinte meses de su gestión. Señalaba como ejemplos de la obstrucción del parlamento la derogación de un decreto sobre lavado de activos, la Ley de Control de los Actos Normativos del presidente de la República, la imposibilidad de observar la Ley de Presupuesto, y la no adopción de normas de austeridad en el Congreso.
Los jueces merecieron capítulo aparte en su mensaje. Aunque varias de sus críticas eran justas, terminaba haciendo generalizaciones gruesas:
—Entre algunos ejemplos de cómo funciona la justicia en el país, baste con mencionar la liberación inexplicable de narcotraficantes, o el trato notoriamente parcial que les es dispensado a los mismos, o la masiva puesta en libertad de terroristas convictos y confesos, haciendo mal uso del llamado criterio de conciencia. Hay que contrastar, pues, la sospechosa lentitud con que se llevan los procesos seguidos por los ciudadanos de escasos recursos y la diligencia inusual con la que se tratan los casos de gentes con influencia y poder. Todo esto hace escarnio de la justicia.
Fujimori también consideraba que se habían generado nuevos «centralismos regionales». Dicho esto, habló de la reconstrucción nacional que él encabezaría. Y señaló que tomaría las «siguientes trascendentales medidas»:
—Primero: Disolver, disolver temporalmente el Congreso de la República hasta la aprobación de una nueva estructura orgánica del Poder Legislativo, la que se aprobará mediante un plebiscito nacional. Segundo: Reorganizar totalmente el Poder Judicial, el Consejo Nacional de la Magistratura, el Tribunal de Garantías Constitucionales, y el Ministerio Público para una honesta y eficiente administración de justicia.
Mientras tanto, las tanquetas y tropas salían a la calle. El golpe de Estado se había consumado.
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