Los estudiantes de secundaria de las instituciones educativas públicas de todo el país podrán convertirse en auditores juveniles de la Contraloría General, un programa de veedurías escolares virtuales que permitirá detectar deficiencias y plantear mejoras en los programas y servicios educativos que brinda el Estado, tales como Aprendo en Casa. Esto, en el marco de la emergencia sanitaria por el COVID-19.
Según informó la Contraloría, esta previsto que el programa Auditores Juveniles se ejecute entre el 17 y el 31 de agosto en Tumbes, Moquegua, Huancavelica, Apurímac, Huánuco y Lambayeque. Luego continuará en el resto de regiones. Solo en el caso de Lima Metropolitana se extenderá hasta noviembre próximo.
De esta manera, los escolares podrán vigilar desde sus hogares y con el apoyo de sus padres, “el desarrollo de la estrategia Aprendo en Casa, la entrega de cuadernos de trabajo, y más adelante la distribución de tablets y de alimentos del Programa Qali Warma, entre otros servicios”. El objetivo es que aprendan a ejercer control social y fortalecer el ejercicio ciudadano.
La Contraloría informó que para participar los estudiantes solo deben ingresar a www.contraloria.gob.pe, dirigirse a la sección Participación Ciudadana e ingresar al botón Auditores Juveniles (https://apps1.contraloria.gob.pe/auditoresjuveniles/index.html).
Allí podrán inscribirse como auditores juveniles, registrar sus datos y los de sus padres. Luego llenarán el formato de la veeduría, en el que consignarán sus aportes de mejora de los servicios educativos. Esta información será recopilada por el órgano de control y luego será remitida al Ministerio de Educación.
Programa piloto
En julio último 2.005 escolares participaron en un programa piloto de veedurías virtuales para hacer seguimiento a la estrategia Aprendo en Casa. Se realizó en Áncash, La Libertad, Lima (UGEL 5), Puno y Tacna. Este piloto permitió la vigilancia de 119 instituciones educativas y la participación de 1.495 padres de familia.
Auditores Juveniles se realiza en el marco de un convenio de cooperación suscrito entre la Contraloría y el Ministerio de Educación en el 2019, a fin de fortalecer la lucha contra la corrupción.
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