Amnistía Internacional lanzó una acción global para que sus activistas, en todo el mundo, pidan a la Fiscalía de la Nación que se revise el archivamiento del caso de miles de mujeres esterilizadas contra su voluntad.
La organización considera que existen indicios que el personal médico que aplicó este programa de planificación familiar recibía presiones de las autoridades gubernamentales para alcanzar cuotas de esterilización y de que, en la mayoría de los casos, las mujeres no dieron su consentimiento libre e informado.
“El hecho que no se haya investigado de manera eficaz las denuncias realizadas pone de manifiesto la persistente discriminación que sufren las mujeres de comunidades indígenas y campesinas en Perú” dijo Silvia Toledo Vallejos, coordinadora de incidencia de Amnistía Internacional en Perú.
La fiscal Marcelita Gutiérrez exculpó a Alberto Fujimori y a tres de sus ministros de Salud, sindicados de haber dirigido un plan de esterilizaciones forzosas entre 1996 y el año 2000 del caso.
