El jefe de la Dirección contra el Terrorismo (Dircote) de la Policía Nacional, general PNP Óscar Arriola, dio detalles del allanamiento a local partidario de Nuevo Perú, así como la Confederación Campesina del Perú y la Casa de la Nueva Constitución, ubicados en los alrededores de la Plaza Bolognesi, Cercado de Lima y señaló que las 26 personas detenidas se han encontrado a dos sujetos acusados de asesinato que participaron en el ‘Andahuaylazo’.
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“Hemos intervenido estos inmuebles amparados en un régimen de excepción, como es el estado de emergencia, reconocido constitucionalmente. Teníamos información de inteligencia de que adentro están quienes causan desmanes, destrozos e incendios y hemos encontrado hondas, piedras, machetes, chinches. Además, dentro de las 26 personas detenidas se encuentran dos asesinos, que participaron en el ‘Andahuaylazo’ y se les hizo un atestado por terrorismo”, señaló el general Arriola.
El propio jefe de la Dircote identificó a los implicados en asesinato como Isaías Galindo Sedano y Rosendo Ramírez Oscorima, quienes están bajo investigación por terrorismo.
En total se hallaron 4 machetes, 8 hondas o jebes, un balde con piedras, un pasamontañas, varios chinches o tachuelas y pancartas con inscripciones pidiendo el cierre del Congreso.
Cabe recordar que el ‘Andahuaylazo’ fue un motín encabezado por Antauro Humala, en Andahuaylas, Apurímac. Antauro, junto a 150 seguidores etnocaceristas, tomó la comandancia policial de la ciudad entre los días 1 y 4 de enero del año 2005. Esto sucedió durante el gobierno de Alejandro Toledo y tuvo el trágico saldo de cuatro policías y dos rebeldes muertos.
La congresista Sigrid Bazán, que se hizo presente en el allanamiento, utilizó su cuenta de Twitter para criticar la medida tomada por la Dircote, pues además se intervino a muchas personas que solo hablaban quechua sin permitirles tener abogados y traductores. “Sobre intervenciones a los locales del NP y CCP. El estado de emergencia no suspende las garantías procesales: es un estándar internacional y reconocido por nuestro ordenamiento jurídico. Esta intervención ha sido arbitraria y desproporcional: no había presencia de fiscal, no hay orden de detención, detenidos no cuentan con un abogado defensor o traductor que pueda comunicarles qué está ocurriendo. Es una vulneración a sus derechos como ciudadanos”, exclamó Bazán.
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“La inviolabilidad de domicilio tiene que ser proporcional y razonable al contexto. Este actuar tiene sentido de persecución (..) El estado de emergencia se está usando para cometer abusos. Lo vimos en comisarias y hoy en la CCP. En algunos casos no dejan entrar ni a congresistas, menos abogados o intérpretes. Finalmente, aquí se logró, porque son DECENAS de policías para 22 personas, varias quechuahablantes”, añadió.
De similar forma se pronunció en redes Verónika Mendoza, líder del partido Nuevo Perú. En los locales de Nuevo Perú y de la CCP están alojadas personas de diversas regiones que han venido a Lima a protestar legítima y pacíficamente. El derecho a la protesta es un derecho humano que no se suspende en estado de emergencia”, escribió.
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