La fiscal de la Nación, Patricia Benavides, abrió este martes una investigación preliminar contra el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, y contra el ministro de Trabajo, Alfonso Adrianzén, ministro de Trabajo, por el delito de colusión agravada, tras contratar a una familiar del premier.
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A través de su cuenta de Twitter, el Ministerio Público informó que la investigación incluye a Carola Gisella Rodríguez Bringas, como presunta cómplice de dicho delito. La indagación preliminar se extenderá por 60 días.
Según un informe de ‘Hildebrandt en sus trece’, Rodríguez Bringas fue contratada como asesora del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo con un sueldo de 15 500 soles. Por este motivo, Otárola y Adrianzén son investigados como instigador y autor del delito, respectivamente.
El documento cita diversos informes periodísticos donde Otárola, con la finalidad de ocultar datos que evidencien la contratación de su excuñada en el Ministerio de Trabajo, no habría consignado a su hijo Luis Eduardo Otárola Rodríguez, en su Declaración Jurada de Intereses presentada ante la Contraloría General de la República.
“En los informes periodísticos en cuestión se señala que el accionar de Luis Alfonso Adrianzén Ojeda se habría dado como consecuencia de su cercanía al premier, pues desde que este último fue llamado a ocupar cargos en el actual gobierno, ha designado a Adrianzén Ojeda en puestos claves”, detalla.
Alberto Otárola designó a Alberto Adrianzén como su jefe del gabinete de asesores. Luego, al pasar como primer ministro, lo nombró como su secretario general, cargo en el que se quedaría hasta el 13 de enero.
El premier colocaría a Adrianzén para desempeñarse como ministro de Trabajo en reemplazo de Eduardo García, quien renunció en protesta por las muertes registradas durante las movilizaciones sociales a nivel nacional.
La investigación refiere que Luis Alfonso Adrianzén Ojeda, en su condición de ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, se habría coludido con Carola Gisella Rodríguez Bringas para la viabilizar su contratación, habiendo expedido la resolución a través de la cual la designó como asesora II del Despacho Ministerial.
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“Los hechos antes descritos evidencian la necesidad de instaurar una investigación preliminar destinada a esclarecer tales hechos”, subraya la resolución de la Fiscalía de la Nación.
El pasado 11 de enero la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, dispuso iniciar investigación preliminar contra Otárola Peñaranda, la presidenta Dina Boluarte, y los ministros del Interior, Víctor Rojas (reemplazado luego por Vicente Romero) y de Defensa, Jorge Chávez, por los presuntos delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves cometidos durante las manifestaciones en los meses de diciembre del 2022 y enero del 2023 en las regiones de Apurímac, La Libertad, Puno, Junín, Arequipa y Ayacucho.
El pasado 24 de enero, Otárola por la tarde al Ministerio Público para rendir su declaración, acompañado de su abogado.
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