La decisión judicial de mandar al archivo el caso de esterilizaciones forzadas, práctica que ocurrió durante la administración del expresidente Alberto Fujimori, motivó una oleada de comentarios en las redes sociales y de los principales actores políticos y organizaciones.
Una de las que se encuentra en el último grupo es Amnistía Internacional (AI), la cual tuvo una fuerte crítica. Marina Navarro, directora ejecutiva de la oficina peruana de la mencionada entidad, sostuvo que las “víctimas de esterilizaciones forzadas han visto truncada su esperanza de obtener justicia”.
Hay que destacar que la decisión judicial favorece a Alberto Fujimori, al librarlo de una acusación penal por este caso. De igual forma, Alejandro Aguinaga, quien fuese ministro de Salud durante la gestión del exmandatario, tampoco será denunciado.
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— Diario Trome (@tromepe) 9 de abril de 2015
Según se supo, la investigación no arrojó indicios de que Alberto Fujimori haya tenido participación mediata en el caso de esterilizaciones forzadas, menos aún se corroboró que este hecho constituía un crimen de lesa humanidad.
“En más de una oportunidad AI pidió a la fiscal que denunciara a toda persona que haya participado de estas graves violaciones a los derechos humanos”, señaló Marina Navarro. “Es indignante que una grave violación a los derechos humanos protegidos en normas de las cuales el Perú es parte quede impune”, agregó.
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