Esta semana las autoridades del Poder Ejecutivo hicieron importantes anuncios sobre la forma en que se procederá con la vacunación contra el SARS-CoV-2, el virus que causa el COVID-19, cuando las dosis estén disponibles. Además informaron que la vacunación no será de carácter obligatorio para los ciudadanos y explicaron los motivos por los cuales no se firmó un acuerdo con el laboratorio AstraZeneca. Los detalles a continuación:
Entre las disposiciones más importantes anunciadas esta semana destaca la aprobación del plan de vacunación contra esta enfermedad, el cual establece las fases de vacunación contra el COVID-19 y los grupos de personas y profesionales que serán vacunados en las diferentes etapas establecidas.
En el documento, el Minsa señala que en la Fase I serán vacunados personal de salud (sector público y privado), miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, Bomberos, integrantes de la Cruz Roja, agentes de seguridad, serenos, brigadistas y trabajadores de limpieza. En esta etapa también se incluyen a estudiantes de la salud y miembros de la mesa electoral.
En la Fase II, según el Ministerio de Salud, se suministrará la dosis a los adultos mayores de 60 años a más, personas con comorbilidad, poblaciones de comunidades nativas o indígenas, personal del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y los presos.
En el Plan Nacional de Vacunación Contra el COVID-19 se determina que las personas de 18 a 59 años serán inmunizadas durante la Fase III.
El viceministro de Salud Pública, Luis Suárez, indicó que las personas deben decidir de manera voluntaria si se aplican la vacuna contra el coronavirus (COVID-19). “Nada debería ser obligatorio respecto a un medicamento o una sustancia que reciba una persona, todo debería ser voluntario", indicó
No obstante, matizó no se trata solamente de la persona a ser vacunada, sino también de un bien común y "que mientras haya persona que no está vacunada existe la posibilidad de que se siga transmitiendo (el COVID-19)”.
Para despejar cualquier duda respecto a este tema, la ministra de Salud, Pilar Mazzetti, dijo ante la Comisión de Salud del Congreso que la vacuna contra el COVID-19 no será obligatoria e indicó que las personas tendrán la potestad de decidir –cuando llegue el momento– si se las aplican o no.
"Es obligación del Estado vacunar. Si las personas no desean vacunarse, no se vacunan”, aseguró la titular del sector. Precisó que el Minsa no ha presentado ninguna solicitud ni propuesta para que la aplicación de la vacuna sea obligatoria.
El presidente del Consejo de Ministros, Walter Martos, explicó el último jueves las razones por las cuales el Gobierno peruano no firmó un acuerdo con el laboratorio AstraZeneca para el abastecimiento a futuro de una eventual vacuna contra el COVID-19.
“AstraZeneca no nos han alcanzado todas las propiedades y los resultados de sus ensayos que han hecho, ni siquiera de sus ensayos que han hecho en Inglaterra”, señaló Martos a la prensa extranjera acrediatada en el Perú, según la agencia The Associated Press.
Además, aseguró que la farmacéutica también exigía una considerable cantidad de dinero que no iba a ser devuelta en caso de que “fallara la vacuna”. No especificó la suma que se solicitaba.
Un día después, AstraZeneca y la Universidad de Oxford informaron que el ensayo clínico de la potencial vacuna contra el coronavirus que están desarrollando la farmacéutica se reanudó en Estados Unidos con la anuencia de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA).
Estados Unidos era el único país donde el ensayo seguía suspendido luego de que un participante se enfermara hace seis semanas.
El último viernes, Arturo Jarama, director de Ciencia y Tecnología del Ministerio de Relaciones Exteriores, sostuvo que es difícil el proceso de negociación con las diversas farmacéuticas para la adquisición de la vacuna contra el COVID-19, una vez que estén disponibles.
Durante su presentación en una conferencia de prensa realizada por el Ministerio de Salud (Minsa) y difundida por Facebook, explicó el estado de las negociaciones para acceder a la vacuna contra el COVID-19, y mencionó que es complicado porque aún se realizan los ensayos clínicos de las candidatas a vacunas y durante el proceso se presentan algunos inconvenientes que retrasan esta labor.
“Es difícil negociar porque la información es incompleta. Factores claves es lo ocurrido con AstraZeneca, lo de Johnson & Johnson, que está en pausa, porque los procedimientos están sumamente acelerados”, señaló Jarama.
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