Elio Caña, decano del Colegio de Docentes del Perú, indicó que es indispensable que se incremente el presupuesto destinado a Educación pues hay muchas brechas por cerrar en el sector. Precisó que existen deficiencias generalizadas a todo nivel que requieren de recursos para poder ser superadas.
“Solo el 38% de los colegios tienen agua, luz y desagüe. El 72% tiene infraestructura deteriorada. Tiene que considerarse como necesidad básica el internet. Según el Ministerio de Educación, el 45% de colegios tienen que ser demolidos y reconstruidos, para eso se requiere de 100 mil millones de soles. Tenemos que tener un ministerio descentralizado. Para todo eso se requiere más presupuesto”, aseveró en RPP.
En esa línea, destacó que el Congreso haya demostrado tener voluntad política al aprobar la norma que establece que se debe destinar el 6% del Producto Bruto Interno al sector Educación; sin embargo, consideró que la norma debe responder a criterios técnicos y a un análisis de la situación.
“En términos políticos es una buena decisión, pero en términos técnicos hay que evaluar el PBI, el presupuesto del Estado. Requerimos atender necesidades, hemos visto las grandes brechas. Ya ha habido una propuesta del Acuerdo Nacional para que haya un aumento paulatino hasta llegar al 6%”, señaló.
El último martes el Poder Ejecutivo modificó oficialmente la Constitución Política del Perú, a fin de que el Estado invierta anualmente en el sector Educación no menos del 6% del Producto Bruto Interno (PBI).
“La educación es un derecho humano fundamental, que garantiza el desarrollo de la persona y la sociedad, por lo que el Estado invertirá anualmente no menos del 6% del PBI”, establece la Ley Nº 31097 promulgada este martes en el Diario Oficial El Peruano.
La norma indica que el Ministerio de Educación (Minedu), en coordinación con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), determinan las políticas nacionales en materia de educación, deporte y recreación en concordancia con los planes de desarrollo, la política general del Estado, los criterios de priorización de inversiones del sector educación y el Plan Nacional de Infraestructura Educativa, bajo el criterio de cierre de brechas.
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